¿Por qué los socialistas nunca completarán el desarrollo del Estatuto de Gernika? (3)

Josu Erkoreka en su blog.

En esta tercera entrega, analizaré el origen, evolución y empleo del principal argumento que los socialistas vienen utilizando para justificar el proceso de congelación al que han sometido el desarrollo del Estatuto de Gernika. Muy sintéticamente, el argumento al que me refiero es el siguiente: No habrá más transferencias, si los nacionalistas vascos no renunciar a perseguir objetivos más ambiciosos.

Este argumento -quizá sería más correcto denominarlo chantaje-, que hoy es capital en el discurso de los socialistas vascos sobre el autogobierno de Euskadi, ha ido forjándose, progresivamente, entre los años ochenta y los noventa, conforme la evolución de los acontecimientos iba forzando al PSOE, a la sazón, principal partido gobernante, a elegir entre la vieja tesis de Indalecio Prieto -cumplamos con el Estatuto para dejar sin programa a los nacionalistas vascos- o una estrategia alternativa que, en puridad, representaba justo la posición contraria: Frenemos en seco el desarrollo del Estatuto, para obligar a los nacionalistas vascos a renunciar a su programa.

Hoy, gracias a la perspectiva que nos suministra el paso del tiempo, sabemos que, cuando se enfrentó a este dilema, el PSOE optó por por marginar la receta de don Inda, que tan útil les resultó durante tanto tiempo y abrazar la vía del chantaje. Era poca, ciertamente, la confianza que demostraban en posibilidades de persuadir a los votantes vascos. Pero no adelantemos acontecimientos. Repasemos brevemente el proceso que ha seguido la construcción de este argumento.

Los obstáculos del poder central al traspaso de medios y servicios a las instituciones vascas, no constituyen una novedad. Datan de muy antiguo. Casi podría decirse que acompañan al Estatuto vasco desde el momento mismo de su entrada en vigor. Es más. Incluso antes de su aprobación formal por las Cortes Generales, hubo quien -en un alarde de capacidad profética que hoy se agradece- alertó sobre el riesgo real de que las instituciones centrales se mostrasen cicateras a la hora de dotar de contenido al marco estatutario, llamando la atención sobre los perniciosos efectos que de ello pudieran derivarse de cara a la legitimación social del propio hecho autonómico. Es justo recordar aquí, al diputado constituyente Jordi Sole Tura, que ya en los debates de la Comisión Constitucional advertía con perspicacia: “…es preciso, además, que no exista aquí ninguna reticencia, ninguna cicatería en cuanto se refiere al traspaso de competencias y a la atribución real de facultades. Si esa cicatería existe, si el Estatuto se convierte en un tema de regateo o mercadeo, a partir de ese momento el Estatuto quedará tocado en sus mismas raíces y el proceso autonómico quedará seriamente comprometido…”.

Desgraciadamente, pronto se vieron cumplidos los malos augurios del diputado comunista catalán. El Estatuto no había cumplido aún su primer quinquenio, cuando el Gobierno vasco se veía obligado a denunciar la rígida cerrazón con la que el Ejecutivo central -entonces, ya, en manos socialistas- abordaba el proceso transferencial. En una entrevista concedida a la revista MUGA (núm. 26, año V, págs. 14 y ss.), el entonces vicelehendakari, Mario Fernández argumentaba que, aun cuando se habían producido ya algunas transferencias en materias muy importantes, faltaba aún “prácticamente tanto como lo que se ha conseguido (…) quedan algunos temas que constituyen lo que podría denominarse la parte más sofisticada del desarrollo autonómico (…) constituyen materias decisivas para calificar el nivel de autogobierno resultante del Estatuto…”. A partir de este momento, el bloqueo de las transferencias se convertiría en una dificultad estructural del autogobierno vasco.

En efecto, durante los siguientes años, las transferencias sólo avanzaron en la medida en que los diputados y senadores del PNV se mostraron dispuestos a apoyar iniciativas y propuestas presentadas en las Cortes Generales por el Gobierno de turno. El desarrollo del Estatuto se mercantilizó hasta extremos increíbles. El Gobierno central se negaba a realizar traspasos que no fuesen acompañados por una contraprestación, en términos de apoyos parlamentarios. En este punto, puede decirse que los gabinetes de Felipe González practicaron un chalaneo tan escandaloso como inadmisible. Convirtieron el Estatuto de Gernika en un Estatuto de peaje, que sólo avanzaba previo pago de la cuota correspondiente.

Era una actitud grave, que hacía un daño irreversible al esfuerzo de consenso que estaba en la base del acuerdo estatutario. Al adoptarla -retomando las palabras de Sole Tura- los socialistas dejaban el Estatuto “tocado en sus mismas raíces” y el proceso autonómico “seriamente comprometido”. Pero no parecía importarles demasiado. Todavía hoy, Patxi López acostumbra a infravalorar el bloqueo que imprimieron al proceso de transferencias, insistiendo en el hecho de que el Estatuto es mucho más que las transferencias.

Hastiado ya de gestionar el autogobierno como una mercadería, en los albores de la década de los noventa, el Gobierno vasco impulsó un amplio debate en el Parlamento de Vitoria, con el propósito de trabajar y, si resultaba posible, cerrar un acuerdo entre las fuerzas políticas vascas, en torno al desarrollo estatutario pendiente. El debate culminó con un pleno, que se celebró a principios de 1993. Posteriormente, la cámara retomó la cuestión, para forjar un nuevo acuerdo que se debatió en una sesión plenaria a mediados de 1995. En ambos casos, la cámara vasca aprobó un listado de transferencias pendientes, que incluía, para cada una de ellas, una ficha específica en la que se identifican las bases jurídicas de la reclamación y se concretaba el contenido y alcance que había de encerrar el traspaso.

Es en esos debates cuando aflora con nitidez el argumento al que me refiero, aunque ya antes, algunos líderes socialistas habían dejado traslucir, en más de una ocasión, una cierta concepción “condicionada” del desarrollo estatutario. Así por ejemplo, en una declaración publicada en El Correo (30.11.90) Ramón Jáuregui afirmaba: “Nosotros creemos que el desarrollo del Estatuto no está terminado y lo vamos a desarrollar en la próxima legislatura. Pero también nos gustaría saber si el PNV es capaz de reconocer que ese proceso de desarrollo tendrá final alguna vez”. Todavía, como puede verse, no se llega a formular una posición en términos explícitamente condicionantes -no se afirma de modo expreso que “sólo habrá desarrollo estatutario si los nacionalistas renuncian a ulteriores objetivos políticos”- pero se deja claramente sugerida la idea de un do ut des capaz de paralizar el cumplimiento de una Ley Orgánica como es el Estatuto.

¿Qué había ocurrido para que los socialistas abandonasen las tesis de Prieto y optasen por hacer suyo el planteamiento contrario?

En primero lugar, el hecho de que nunca asumieron plenamente el sentido político que la Disposición Adicional imprimía -y todavía imprime- al Estatuto de Gernika. La aceptación del Estatuto se hizo con una reserva de derechos. Pero los socialistas rechazaban esta reserva y actuaban como si no existiese.

En segundo término, hay que citar el reforzamiento que el derecho de autodeterminación adquiera, a principios de los noventa, en la política de los nacionalistas vascos. La caída del muro de Berlín, provocó una auténtica eclosión en la reivindicación autodeterminista en el bloque del este. Esa eclosión tuvo sus ecos en la Europa occidental y, por supuesto, llegó también, al País vasco, cuyo Parlamento debatió y aprobó en febrero de 1990, una resolución a favor del derecho de autodeterminación del pueblo vasco. El debate fue enconado; desabrido; cargado de reproches. Uno de los principales argumentos que el portavoz socialista, Fernando Buesa, utilizó para justificar su rechazo a la proposición sometida a debate, fue el de la deslealtad que su contenido entrañaba para con el Estado autonómico. He aquí un extracto de su discurso:

“Las proposiciones no de ley sobre la autodeterminación que hoy se presentan a debate llevan, implícita o explícitamente, una puesta en cuestión del Estado democrático español. Sin exagerar su trascendencia, pero la llevan. Es verdad que no son más que formulaciones ideológicas, pero son formulaciones ideológicas realizadas con profunda irresponsabilidad y deslealtad hacia el Estado democrático común. Es verdad que algunos de los proponentes no pretenden, de hecho, poner hoy en juego el sistema constitucional y estatutario. Es cierto que tratan de proclamar, más que el ejercicio de una autodeterminación concreta, el derecho formal a poder ejercer un derecho de autodeterminación en el futuro, de una manera que, aunque hoy no se especifica, se podrá en su día concretar. Pero ese mismo planteamiento revela precisamente el mínimo sentido de Estado de los grupos políticos que hacen esta formulación; más coherente sería plantear fórmulas concretas que poder valorar. En otro caso, ¿qué responsabilidad asumen quienes hacen nebulosos planteamientos autodeterministas en el mantenimiento leal del Estado democrático español? ¿Acaso no es irresponsable, y además incoherente, reservarse desde una institución del Estado, como es el Parlamento Vasco, el derecho a poner en cuestión el propio Estado? […] Por eso los socialistas decimos “no” a este planteamiento que ustedes hacen, de querer hoy Estatuto porque conviene tener más competencias y más posibilidades de modelar a su gusto la sociedad vasca, y mañana, cuando las condiciones la hagan viable, autodeterminación. Por el contrario, los Socialistas Vascos defendemos la autonomía vasca, porque ésa es, y no otra, la vía que queremos para el futuro de nuestro pueblo. Decimos hoy, y diremos mañana, sí al Estatuto para autogobernarnos, y siempre fidelidad, lealtad hacia el Estado democrático y autonómico que es España”.

Este debate, marcó, claramente, un antes y un después. En lo sucesivo, su recuerdo sobrevolaría, indefectiblemente, cada vez que los parlamentarios vascos afrontaban la cuestión del autogobierno.

Los debates que el Parlamento vasco celebró en 1993 y 1995 para debatir sobre el desarrollo estatutario pendiente, no fueron, en esto, una excepción. Durante su desarrollo, la cuestión de los límites del autogobierno estatutario emergió ya con bastante claridad, aunque la idea de condicionar su desarrollo a las renuncias estratégicas -o ideológicas- del oponente, no se explicitase hasta el final. En la sesión de 1993, el socialista Egiguren alude a este asunto con una pregunta retórica: “¿Qué ocurre cuando todo esto que está pendiente se transfiere a la Comunidad Autónoma vasca? Yo creo que hay que ser claros. Al menos nosotros lo somos, y decimos que cuando eso ocurra ya no hay desarrollo estatutario pendiente, no hay un Estatuto incumplido (…) Ése es el espíritu de nuestro autonomismo, y cualquier otro camino no contará con el apoyo de los Socialistas Vascos. Porque nuestro autonomismo es incompatible con una visión instrumental del Estatuto como una vía hacia fórmulas distintas, al igual que es incompatible y beligerante con cualquier planteamiento de autodeterminación o de independencia”.

Obviamente, la posición de los nacionalistas vascos era muy otra. El portavoz del PNV, José Antonio Rubalkaba, sostenía que “para este partido con esto no se cierra el Estatuto de Autonomía. Nosotros siempre hemos entendido que el Estatuto de Autonomía es un texto jurídico, y entendemos que un texto jurídico está a disposición de aquellos a quienes sirve, y no al revés. Un texto jurídico está al servicio (y el Estatuto de Autonomía así tiene que estar), al servicio del pueblo vasco. Y como tal, es la voluntad de este pueblo vasco la que dirá qué texto jurídico en cada momento hay, y, entendiéndolo como un texto jurídico abierto, será la voluntad de este pueblo la que decida dónde y cómo, hasta dónde puede llegar. Esa es la voluntad y ésa es la postula del Partido Nacionalista Vasco”.

Aunque el debate no dio mucho más de sí en este punto, los socialistas aprovecharon la coyuntura para dar cuerpo al argumento de que, sin renuncias nacionalistas, no habría más desarrollo estatutario. Así lo reconocería el lehendakari Ardanza -a quien no creo sospechoso de radicalidad, en estos asuntos- en unas declaraciones realizadas a El País en enero de 1994: “La respuesta de los socialistas fue, sin embargo, que no habrá desarrollo estatutario en tanto en cuanto el PNV no garantice el punto final. Es decir, pretenden que renunciemos a nuestra ideología nacionalista, que cedamos a un chantaje bastante cínico por su parte”.

En el pleno parlamentario de 1995, la concepción condicionante del desarrollo estatutario se plantea ya con mayor crudeza. Un elocuente fragmento de la intervención de Rubalkaba, sirve para resumir los términos en los que se produjo el debate. Pese a su extensión, conviene reproducir este pasaje en su totalidad, porque evidencia que, por aquella época, hace 13 años, el debate estaba planteado ya, en términos básicamente idénticos a los actuales:

“Hace 16 años nos pusimos de acuerdo. El Estatuto era lo que en matemáticas se llama el mínimo común divisor, es decir, el mínimo común denominador que todos los grupos de este pueblo estábamos dispuestos a poner en común. A nadie se nos dijo que si aceptábamos el Estatuto tuviéramos que renunciar a algo. A ningún partido se le dijo: “Usted acepta el Estatuto, pero tiene que renunciar a sus otras ideologías o a otra parte de ideología”. A nadie.
Al contrario, lo que está muy claro en el Estatuto y en todo su contenido es que no se renunciaba a nada, que nos poníamos de acuerdo en el contenido del Estatuto, que creíamos que ese contenido era bueno para este país, que creíamos que era bueno para solucionar un problema hace 16 años y seguimos creyendo que es bueno en este momento. Pero, indudablemente, lo que no se le decía a ningún partido político es que tuviera que renunciar a su ideología política para acogerse al Estatuto de Autonomía. Ni se le dijo entonces ni, desde luego, nosotros vamos a aceptar que se nos diga ahora. Más de una vez se nos ha dicho: “Si sois buenos los nacionalistas os daremos todo el Estatuto”. Pero, claro, a mí eso me sugiere dos preguntas. Primera, ¿es que el Estatuto no es una ley? Y si es una ley ¿no obliga a todos? Y si no es una ley o si no obliga a todos, y si Gobierno del Estado no está dispuesto a cumplir esa ley, yo creo que lo decente sería que la derogara, que tuviera el valor de derogarla. Pero lo que no puede estar haciendo es incumplir una ley tan importante como es en. Estatuto de Autonomía y al mismo tiempo decirnos al resto de los ciudadanos que cumplamos todas y cada una de las leyes que en este país hay”.

Esto ocurría en 1995. Al año siguiente, el PP ganaba las elecciones generales y se hacía con las riendas del Gobierno de España. Unos meses antes, Mariano Rajoy había denunciado la política autonómica seguida por PSOE en Euskadi y Catalunya, acusándole de haber “estado en el chalaneo, cambiando transferencias por apoyos políticos” (Entrevista publicada en El País, 2.10.95). Esta denuncia, sin embargo, no fue impedimento para que el primer Gobierno de Aznar -con Rajoy, por cierto, como ministro de Administraciones Públicas- incurriese en el mismo vicio que reprochaba al PSOE. Aznar siguió chalaneando y realizando transferencias a cambio de apoyos políticos.

Luego vinieron los años de plomo de Aznar y se hizo de noche. Cuando los socialistas recuperaron el Gobierno del Estado, de la mano de Zapatero, las transferencias a Euskadi eran anatema para cualquier patriota español bienpensante. Aznar había cerrado el grifo y Zapatero, que tanto empeño ha puesto en discrepar de su predecesor, no quiso, sin embargo, desmarcarse de él en este punto. Y mantuvo el grifo cerrado. Lo hizo, además, con tanta tenacidad que ha llegado a ser más aznarista que el propio Aznar. Hoy es el único presidente del Gobierno español que no ha hecho una sola transferencia al País Vasco.

Interesante record, para alguien que se dice respetuoso con el pluralismo y la diversidad.

Entre 2004 y 2008, los diputados y senadores del PNV hemos instado al Gobierno en numerosas ocasiones para que retome el programa de transferencias a Euskadi. Todo nuestro esfuerzo ha sido baldío. El Gobierno no se ha movido un ápice. Todo lo que estaba pendiente al término de la legislatura de Aznar, seguía pendiente cuatro años después. En los pocos meses que llevamos de legislatura, hemos vuelto a retomar, sin éxito, la cuestión de las transferencias. Y digo que sin éxito, porque los socialistas siguen empantanados en la misma y, al parecer, inamovible posición.

Hemos denunciado el hecho, obviamente. Y lo hemos hecho, con todas las fuerzas a nuestro alcance. En el parlamento y ante la opinión pública. Pero ante las denuncias que venimos formulando, reaccionan con rabia, esgrimiendo el mismo argumento chantajista y cínico del que se quejaba Ardanza en 1994: “O renunciáis a vuestra ideología o no hay transferencias”.
He aquí dos ejemplos.

En el pleno del 4 de junio pasado pregunté a Zapatero por las razones por las que se niega a llevar a cabo la transferencia sobre I+D solemnemente prometida por Patxi López ante la sociedad vasca en el documento titulado Más Estatuto. Me respondió con una propuesta cínica, que evoca claramente el argumento al que me estoy refiriendo: “Nosotros cumplimos escrupulosamente el programa del Partido Socialista de Euskadi y ustedes cumplen y respetan la Constitución y el Estatuto de Gernika”. Aunque con evidente imperfección técnica, venía decir que cumplirá el Estatuto -yo le preguntaba por una parte de su programa en la que asumía ese compromiso- si renunciamos a todo planteamiento política extraestatutario. No está mal, en boca de un presidente de Gobierno elegido democráticamente. Sólo cumplirá la Ley si los demás renuncian a reformarla.

En la segunda mitad del mes de julio, Iñaki Anasagasti denunciaba en prensa, por enésima vez, la parálisis a la que Zapatero tiene sometido el proceso de transferencias.

Inmediatamente le han salido al quite, como diligentes subalternos del “maestro” López, los socialistas Ramón Jáuregui (El Correo, 25.07.08) y Oscar Rodríguez (El Correo, 8.08.08) -diputado y parlamentario vasco, respectivamente- aduciendo nuevamente el mismo argumento que años atrás utilizaron los socialistas para defender su inmovilismo. O renunciáis a objetivos más ambiciosos, o el desarrollo estatutario seguirá estancado. Oscar Rodríguez concluye su alegato, argumentando, gráficamente, que “no es lo mismo negociar con alguien que se quiere ir, que con alguien que se quiere quedar. No es lo mismo hablar de competencias, de marco jurídico con quien está comprometido con el Estado, que con quien quiere abandonarlo”.

Este es, pues, el argumento, ante el que no me resisto a emitir un breve juicio valorativo:El argumento es indefendible para un partido de Gobierno, que no puede condicionar el cumplimiento de la Ley al previo cumplimiento de tal o cual requisito político. Pero el PSOE lo hace sin rubor, sin reparo, sin complejo alguno.

El argumento es profundamente antidemocrático, porque pretende constreñir el pluralismo político, utilizando el cumplimiento de la Ley -expresión de la voluntad popular- como herramienta para el chantaje.

El argumento es, además, incompatible, con el sentido político del Estatuto de Gernika que, como señalaba en el anterior post, instituye un régimen de autogobierno abierto, mediante su Disposición Adicional, a ulteriores ampliaciones. Como sostenía el lehendakari Ardanza -poco sospechoso de veleidades radicales- “El Estatuto termina diciendo que su aceptación no supone renuncia alguna a los derechos que pudieran corresponder a este pueblo. Teóricamente, el Estatuto no se termina nunca” (El Correo, 21.10.94)

El argumento es, finalmente, la antítesis de la doctrina que postulaba Prieto, e incluso el propio Jáuregui invocó en alguna ocasión, para encauzar la cuestión vasca. Prieto apostaba por hacer realidad el Estatuto, para neutralizar a los nacionalistas vascos. El PSOE actual apuesta por bloquear el desarrollo del Estatuto, para forzar a los nacionalistas vascos a neutralizarse a sí mismos.

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