Ley de Consulta (9)

Artículo de Koldo San Sebastián.

La aprobación del Estatuto de Autonomía en 1979 representaba la gran oportunidad para integrar al nacionalismo que no había aceptado o había rechazado la Constitución un año antes. Los parlamentarios vascos aprobaron un texto que fue registrado en Madrid para su discusión por las Cortes generales. El texto aprobado en Euzkadi, fue “lijado” en Madrid por Fernando Abril Martorrell y Alfonso Guerra. Quedó claro desde el primer momento que la autonomía de las secciones vascas de los partidos españoles era muy limitada. Aún así, se aprobó el texto resultante y, aparentemente, cuarenta días después de la publicación de la ley orgánica 3/1979 en el Boletin Oficial del Estado el Estatuto de Autonomía (“de Gernika”), el 11 de enero de 1980, entraba formalmente en vigor. Sin embargo, treinta años después sigue sin cumplirse. Por otro lado, el desarrollo estatutario y el proceso de transferencias ha estado (y está) sometido a todo tipo de tensiones y mercadeos.

Consecuencia de ese Estatuto fue la elección del primer Gobierno vasco. En ese momento, la candidatura de del PNV, encabezada por Carlos Garaikoetxea, obtuvo más votos y parlamentarios que la UCD, el PSOE, AP y PCE juntos. Parecía claro que las fuerzas centralistas no iban a permitir que los nacionalistas tuviesen tanto poder. ¡Por si acaso!.

En los últimos años, mientras que los analistas se olvidan de asuntos como la LOAPA, se está vendiendo la siguiente especie: “Los no nacionalistas aceptaban una autonomía muy amplia en aras de la convivencia: para contentar a la otra parte que era la que llegaba en posición de agraviada por el franquismo. Entre cero y diez, el Estatuto de Gernika, no está en el punto cinco, sino, digamos, en el ocho, muy cerca del programa máximo nacionalista” (J.L. Barberia/P. Unzueta, Cómo hemos llegado a esto. La crisis vasca).

Semanas después de la intentona golpista, el 3 de abril de 1981, el PSOE y la UCD creaban sendas comisiones para reconducir el proceso autonómico. Serán asesorados por un grupo de expertos encabezado por Eduardo García de Enterría (un catedrático de Derecho Administrativo, no un experto constitucionalista, que tiempo después fue procesado por un delito de evasión de capitales). En su equipo, Tomás Ramón Fernández, Santiago Muñoz, Manuel Sánchez Morón, Luis Coscolluela, Tomás de la Quadra Salcedo y Francisco Sosa Wagner. Se pone en marcha la llamada Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Ante aquel atropello, decenas de miles de personas salieron a la calle en Euzkadi y Cataluña. El 10 de agosto 1983, el Tribunal Constitucional declaraba que la nueva ley no podía tener el carácter de orgánica y, por tanto, no sería de rango superior a los estatutos. La reacción del Gobierno socialista (y especialmente de Tomás de la Quadra) fue, como mínimo, poco deportiva. Se suceden los artículos (de Joaquín Leguina, de José Ramón Recalde en sucesivos artículos publicados, por ejemplo, en la revista Leviatán, publicada por la Fundación Pablo Iglesias) a favor de la ralentización o reinterpretación del proceso autonómico. Y, mientras tanto, comenzaban a aprobarse las primeras leyes orgánicas y de bases que cercenaban el pacto de Gernika y, por ende, la ley orgánica 3/1979. Así, a finales de 1985, Fernando Ledesma, ministro de Justicia del PSOE anunciaba que el Artículo 35 del Estatuto “es incumplible”. Son los días en que se ultima la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ni que decir tiene que los socialistas no pactaron la ley, simplemente la impusieron. Luciano Rincón decía que el PSOE “no es tampoco una alternativa al Estado centralista, sino tradicionalmente su apoyo” (“Luis Ramírez” (L. Rincón), Del posfranquismo a la predemocracia).

El PSOE se empeñó en frenar el modelo autonómico del PNV, no tanto porque resultase más o menos peligroso (Recalde), si no para evitar que este partido (EAJ) fortaleciese su imagen rectora de todo el proceso. Tras el fracaso de la LOAPA (que fue, no olvidemos, un proyecto socialista), el PSOE se empecinó (a decir de Recalde) “en no elaborar una política alternativa desde la mayoría central, que proponer a su propio electorado español y vasco, y que pacta con la estrategia del Gobierno autónomo” (J.Ramón Recalde, El Sistema nacional y la lucha contra la violencia).

El proceso de transferencias se convirtió en un largo camino plagado de trampas y contrapartidas. Casi la mitad de las competencias recibidas se hicieron a cargo de trueques:“Yo te envío parques y jardines y tú me apoyas en tal votación en las Cortes”. Todo ello sin olvidarnos del tema de la interpretación. La interpretación mala, claro, siempre era la del PNV. Y la pugna no solo afectaba a la competencia. Hubo debates sobre la marca de las motos de la Ertzaintza o el tipo de armamento que podía utilizar. Lo cierto es que el PSOE utilizó (con éxito) el desarrollo autonómico para dividir y enfrentar en sus facciones al PNV hasta lograr su escisión.

La escisión del PNV propició que el PSOE alcanzase partes importantes del poder autonómico, foral y local que, hasta entonces, se les resistía, aunque no solo eso. El mundo de HB se hizo, asimismo, con importantes parcelas de poder, mientras que una parte importante del nacionalismo institucional radicalizaba su discurso.

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