Rodolfo Ares no se ha leído el artículo 161.2 de la Constitución

Josu Erkoreka en su blog.

La prensa de ayer daba a conocer la carta que el PNV, EA, EB y Aralar han remitido al presidente del Gobierno español, en solicitud de una reunión que les permita explicarle personalmente las razones por las que, a su juicio, debería recabar del Tribunal Constitucional el cese de la suspensión impuesta a la Ley de Consulta.
El lunes pasado estuve reunido con Zapatero en La Moncloa durante más de hora y media. Si se quiere, hora y media dan para mucho. Y yo estaba por la labor de aprovechar al máximo aquella ocasión. Abordamos una gran variedad de asuntos: La crisis económica, el paro, el terrorismo, el autogobierno vasco, etc. Obviamente, también hablamos de la Ley de Consulta y de las dificultades que las instituciones españoles han puesto a su cabal aplicación.

Como cabe suponer, aproveché la ocasión para pedirle lo que los firmantes de la carta desean transmitirle en la reunión que solicitan: Que renuncie a la suspensión de la Ley aprobada por el Parlamento vasco. Su respuesta fue secante; terminante; rotundamente negativa. Me encontré con un hombre instalado en la intransigencia y absolutamente cerrado a la más leve posibilidad de acceder a lo que le solicitaba. Ninguno de los argumentos que utilicé para avalar mis argumentos hicieron mella en él. No se movió un ápice de su posición inicial. No, no y no.

Entre los argumentos que utilicé para intentar convencerle, no faltaron los de carácter jurídico. Ambos somos juristas y ese es un terreno en el que podemos encontrar sintonía.

– Con independencia de lo que opines sobre el fondo del asunto -argüí- tienes que admitir que la suspensión de una Ley autonómica en los términos en los que lo habéis hecho con la Ley de Consulta, carece de un claro respaldo constitucional.

No me respondió. Pero me dió la impresión de que, al callar, asumía de alguna manera la fuerza de mis alegaciones, aunque se cuidó muy mucho de darme la razón.

¿En qué basé mi argumentación?

En las siguientes razones, que son muy simples y no hace falta ser letrado para entenderlas.

El artículo 162.1 a) de la Constitución establece que uno de los órganos legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad es el Presidente del Gobierno. Está claro, pues, que Zapatero, en tanto que presidente del Gobierno español, puede interponer un recurso de este tipo contra la Ley vasca de Consulta. Hasta aquí, nada hay que objetar.

Sin embargo, como decía. no está tan claro que pueda solicitar o obtener del Tribunal la suspensión de la Ley recurrida.

En efecto, el artículo de la Constitución que se ocupa de la suspensión de los actos recurridos ante el Tribunal Constitucional -el artículo 161.2- establece lo siguiente:

“El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

Como se ve, cuando los redactores de este artículo previeron la posibilidad de suspender los actos de las Comunidades Autónomas que fuesen impugnados, no estaban pensando en el recurso de inconstitucionalidad, porque el precepto se refiere a las impugnaciones que podrá interponer “el Gobierno”; no a aquellas cuya interposición corresponde al “presidente del Gobierno”. Y el Gobierno, como se ha señalado, no está legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad, sino el presidente del Gobierno.

O, dicho en otros términos, el presidente del Gobierno no está legitimado por el artículo 161.2 de la Constitución para solicitar la suspensión de las leyes autonómicas que recurra, porque este artículo -el de la suspensión- no habla ni del presidente del Gobierno -sino del Gobierno- ni de las normas autonómicas con rango de Ley -sino de las disposiciones y resoluciones recurridas-.

Parece evidente que el artículo constitucional que contempla la suspensión se refiere a los recursos que el Gobierno pueda interponer contra actos y normas dictadas por las Comunidades Autónomas que no tengan rango de ley.

Todas estas razones se encuentran igualmente en la base de la carta que los partidos políticos vascos han remitido a Zapatero.

Hoy, la prensa reproduce el contenido de la respuesta que el socialista Rodolfo Ares ha dado a la carta. La misiva no iba dirigida a él, pero es igual. Zapatero ni se ha dignado a responder a sus firmantes. Ha puesto la respuesta en boca de su edecán.

Ares dice que “no es cierto” que la suspensión de la Ley de Consulta suponga una “violación de la Constitución” porque, según él, “es una posibilidad contemplada en el artículo 161.2 de la Carta Magna”.

Ya se ve que el señor Ares no se ha leído la Constitución. La Constitución es, para ellos, un mero símbolo; un baluarte arrojadizo; un emblema nominal. No es una norma jurídica que regula el juego político.

Si Ares es capaz de precisar en qué concreto punto del artículo 161.2 de la Constitución se habilita al presidente del Gobierno -no al Gobierno- a promover la suspensión de las leyes autonómicas -no de las disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas- le pago una cerveza checa en el casino de Bermeo.

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