La España esencial se impone a la España democrática

Josu Erkoreka en su blog.

Iñaki Anasagasti y yo hemos hablado en numerosas ocasiones sobre los presidentes de las Cortes franquistas que todavía figuran en la amplia galería de retratos al óleo que alberga el Congreso de los Diputados. Es una indecencia que una institución representativa y democrática, como es el Congreso, evoque por igual a los ex presidentes de la cámara que fueron elegidos por el pueblo en unos comicios abiertos y libres y a los que fueron designados por un dictador con el propósito de dotar de apariencia democrática a un régimen rigurosamente autocrático.

Una cámara representativa, llamada, por definición, a desempeñar una función esencialmente democrática, no puede ignorar el modo en el que accedieron al cargo los ex presidentes de la institución cuya memoria se empeña en mantener. No puede hacer tabla rasa del hecho de que, mientras algunos de ellos simbolizaron e irradicaron valores democráticos, otros consagraron su acción pública a la triste tarea de apuntalar una tiranía.

Es, por otra parte, un error -un grave error, me atrevería a apostillar- considerar que la institución que presidieron Esteban Bilbao o Antonio Iturmendi -las Cortes franquistas- fuera esencialmente la misma que, desde el año 1978 han presidido Peces-Barba, Felix Pons, Federico Trillo, Luisa Fernanda Rudí o Manuel Marín y que ahora preside José Bono. El edificio que le sirve de sede es el mismo, sí. Y el Estado sobre el que opera es también el mismo: el Estado español. Pero la institución no es la misma. Aquella fue una cámara que se limitaba a hacer la corte al dictador. Esta es una cámara representativa y democrática, vocada a expresar y encauzar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

Tampoco puede afirmarse, en rigor, que las Cortes franquistas sean el antecedente inmediato del actual Congreso de los Diputados. No. El antecedente del Congreso fueron las Cortes de la II República; la última institución representativa que rigió en el Estado español.

Por todo ello, no acaba de entenderse el empeño que hasta la fecha han mostrado los presidentes del Congreso de los Diputados de los últimos treinta años, para equiparar, en su mirada retrospectiva, los ex presidentes democráticos, con los amigos de la dictadura. Es una actitud equivocada que merece ser criticada y, a ser posible, corregida.

Sin embargo, el problema es mayor de lo que a primera vista pudiera parecer. Con ser grave, la confusión entre cargos democráticamente elegidos y cargos designados por el jefe de un Estado fascista, no se produce solamente en la cámara baja. Se constata exactamente igual en la práctica totalidad de las estructuras administrativas del Estado.

Hace un mes tuve ocasión de visitar la sede histórica del Ministerio de Asuntos Exteriores en el Palacio de Santa Cruz. Pues bien, pude comprobar que allí ocurre exactamente lo mismo que hemos denunciado en el Congreso de los Diputados. En la zona en la que figuran los cuadros de los ex ministros, se puede apreciar que, entre Fernando de los Ríos y Francisco Fernández Ordóñez, se exhibe a ministros franquistas como José Félix de Lequerica, Antonio Martín Artajo o Fernando María Castiella. Todos conformando una misma serie, en la que, al parecer, no debe afectar lo más mínimo, el hecho de que unos desempeñaran sus servicios en regímenes de libertad y otros ocuparan puestos en gobiernos autocráticos.

Y como en Exteriores, ocurre en el resto de los ministerios que han mantenido una cierta continuidad temporal: Interior, Hacienda, Defensa, Fomento, etc.

El hecho es grave. Muy grave. Pero creo que es reflejo de una manera de pensar muy propia del nacionalismo español. España -creen- se ha ido consolidando como estructura pública estatal, a lo largo de un largo proceso histórico en el que no pueden apreciarse sobresaltos o rupturas de tracto. La España actual es, en su opinión, el resultado de un continuum histórico en el que unas estructuras burocráticas y sus correspondientes cargos unipersonales han ido sucediendo a otros, sin solución de continuidad, de manera que cada uno ha aportado su pequeño grano de arena a la tarea común.

Esta actitud, no encierra, necesariamente, mala intención o apego hacia las fórmulas de gobierno autoritarias. Obsérvese que he escrito “necesariamente”, porque no descarto la posibilidad de que en algún caso se produzca.

Cuando Marcelino Oreja, en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, evoca la figura de Castiella y aplaude los imponderables “servicios que prestó a España” desde el ministerio de Exteriores, parece no darse cuenta de que el ministro bilbaíno cuya trayectoria ensalza en términos tan elogiosos, trabajó, en realidad, para hacer efectivos los designios de un dictador que se impuso sobre el pueblo a sangre y fuego y, durante cuatro largas décadas, mantuvo en pie un régimen ferozmente liberticida, que arrojó a los disidentes a la cárcel, la tortura o el exilio. Sus pretendidos servicios a España fueron, en puridad, servicios prestados al diseño geoestratégico de un dictador que sólo perseguía apuntalar su poder, no servicios ofrecidos al pueblo libre y soberano. Porque la acción exterior desarrollada por Castiella contribuyó notablemente a consolidar internamente a Franco, a través de su legitimación internacional.

Y cuando ministros de inequívoca convicción democrática, como Moratinos, mantienen en la galería del Ministerio el retrato de un fascista de tomo y lomo como Lequerica, incurren, en el fondo, en ese mismo error de la España esencial de construcción progresiva y lineal, en la que todos los eslabones han hecho su pequeña aportación a la misión colectiva de construir la nación.

En esto, creo que la España esencial se impone a la España democrática. Lamentablemente, es así. Y digo lamentablemente, porque esta visión acusa fallas desde el punto de vista democrático. En su cosmovisión, España se encuentra por delante de la democracia. La (su) nación, es un prius a la opción democrática.

Como se ve, tenemos mucho trabajo por delante.

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