Para el PSE el Estatuto es incumplible

Iñaki Anasagasti en El Correo.

Eran los tiempos del Gobierno de Felipe González. Vivíamos, casi, a escándalo diario. Alfredo Pérez Rubalcaba era el ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno. Al final de una tarde me llamó angustiado para decirme: «Iñaki. Me tienes que dar el nombre de un diputado del PNV para que presida la Comisión de Investigación del ‘caso Mariano Rubio’». «¿Por qué?», le contesté. «Pues porque López de Lerma (CIU) ya preside la del ‘caso Roldán’ y esta comisión no la puede presidir nadie del PSOE, nadie del PP, ni nadie de IU. Tenéis que ser vosotros». «Mi respuesta es no», le repliqué. «¿Así de claro y así de rotundo?». «Así de claro y así de rotundo», le contesté, dejándole confundido, que ya es difícil. Llamé al EBB y ratificaron lo que había dicho.

A la hora me volvió a llamar. Esta vez más tranquilo. Era el ministro al que le tocaban todos aquellos marrones de un Gobierno en llamas. Me insistió y volvió a insistir y todas las veces le dije que no contara con nosotros. El PSOE nos tenía clavado el Estatuto y no teníamos pacto alguno con ellos. Al final y viendo que la cosa iba en serio me planteó que le dijera lo que queríamos a cambio. Y sin pensarlo mucho, a bote pronto, se me iluminó la bombilla: «La transferencia de aguas». Podía haber dicho cualquier otra, pero dije esa. La tenía fresca. Mi mujer era directora de Aguas del Gobierno vasco presidido por el lehendakari Ardanza y cada cierto tiempo me daba la tabarra sobre esta competencia contemplada en el Estatuto.
A las tres horas me volvió a llamar. «Hecho», me dijo. «He tenido que poner de acuerdo a Jerónimo Saavedra (ministro de Administraciones Públicas) y a Josep Borrell para la dotación económica. Ha sido laborioso, pero te puedes fiar de mi palabra. Dame ahora el nombre del diputado que presidirá la Comisión». «Jon Zabalia», le contesté. Y le tuve que llamar y despertarle para decirle que cambiara el chip y se pusiera el traje nuevo pues le tocaba aquel embolado. Y lo hizo muy bien.
Bueno, pues de esta manera tan chusca y tan poco ideologizada logramos la transferencia de aguas. Sin lo que posteriormente se hizo con ella, no sólo una parte de Getxo hubiera estado inundada, sino todo Getxo hubiera estado anegado tras los últimos desbordamientos del Gobelas. Esto es un ejemplo de cómo se funciona en Madrid en relación con una ley orgánica refrendada por el pueblo vasco como es el Estatuto de Autonomía de Gernika. Manda la coyuntura. Tanto vales y te necesito, tanto te doy. Como en una feria de ganado. Cumplir la ley es sólo un recurso retórico.
Podría contar decenas de anécdotas sobre el particular y no sólo de la época de González, sino de la de un Aznar que nos dijo que le habían ido a ver a La Moncloa los secretarios generales de UGT y de CC OO para decirle que no se le ocurriera abrir y cumplir el Estatuto de Gernika en el área laboral porque le organizaban una huelga, pues se rompía la caja única y la solidaridad entre regiones y trabajadores. Por eso, del actual Estatuto casi toda la parte social está intocada. Presión sindical.
Así las cosas y sin una sola transferencia en la anterior legislatura de Zapatero, no se qué cara puso mi amiga la senadora Lentxu Rubial cuando se le ocurrió sentar en la mesa de su fundación a la ministra Cristina Garmendia junto a Patxi López, en el hotel Carlton, el pasado 1 de julio, y la neófita socialista dijo a la concurrencia que la transferencia de Innovación y Tecnología, tipificada claramente en el Estatuto, no le convenía a Euzkadi porque perdería dinero, cerrando cualquier iniciativa en positivo mientras amenazaba con que una buena inversión no vendría a Euzkadi en breve. Es decir, si os portáis bien tendréis la fuente de neutrones y os beneficiaríais de nuestra estrategia de potenciar lo excelente y si no, ateneros a las consecuencias. Al Capone no lo habría dicho mejor.
Pero «señores socialistas -como les decía Ardanza-, ¿ustedes no van a cumplir una ley orgánica que es constitucional? ¿Dónde queda su discurso sobre la legalidad?». «Pues, miren ustedes -nos contestarían-. Va a ser que no. Otra cosa será si gana uno de los nuestros». «Pero eso no es legal». «No importa».
¿Qué otra cosa le dijo el presidente Zapatero a Josu Erkoreka contestando una pregunta en una sesión de control al Gobierno el mes pasado? Terminó el trámite diciéndole: «Le propongo un acuerdo. Nosotros cumplimos escrupulosamente el programa del Partido Socialista de Euskadi y ustedes cumplen la Constitución y el Estatuto de Gernika». «Pero si ya lo cumplimos, y ustedes, no», le replicó el portavoz del PNV.
La contestación de Zapatero fue tan grave como la de la ministra Garmendia. Una ley no puede estar condicionada en su cumplimiento a no sabemos qué acuerdo, sobre todo cuando se hace la distinción, poco menos, de que un estatuto no tiene nada que ver con la Constitución de la que emana. Y es que estamos instalados en este juego de palabras vacías con apoyo mediático: nosotros no cumplimos la ley, pero el desgaste de no hacerlo se lo achacamos a los nacionalistas. Y encima lanzamos el bulo de que Ibarretxe logró que ETA le planteara una ‘minitregua’ en la discusión parlamentaria sobre la consulta para enmarañarlo todo. Lo malo es que además de ser el Estatuto una ley orgánica, tras ella existe un acuerdo en el Parlamento vasco, de todos, absolutamente todos los partidos políticos salvo la HB de entonces. Desde Mayor Oreja a Nicolás Redondo. ¡Que ya es decir!
Por eso pienso que a los dirigentes del PSE, a diferencia de los del PSC catalán, habría que dedicarles como canción de verano aquella, creo que de Mina, que repetía lo de ‘Parole, parole, parole’. Palabras, sólo palabras. Y es que así como Patxi López se atrevió tímidamente a decir que Alfonso Guerra no pintaba nada cuando pidió la suspensión del Estatuto de Gernika en el supuesto de que el lehendakari convocara una consulta, le faltó reflejos para haber desautorizado allí mismo a una ministra que cometía semejante agresión a un Estatuto del que los socialistas vascos no se cansan de decir que es un lugar de encuentro. Ante situaciones como esas, que exigen claridad y contundencia, sólo demuestran que son una franquicia sin columna vertebral y perfil propio. Porque es que además existe un acuerdo parlamentario incluso de cómo había que realizar dichas transferencias y con qué dote económica.
La cuantificación de las transferencias pendientes comienza, en efecto, con el informe del Parlamento vasco de julio de 1993. Pero la polémica sobre la negativa de los gobiernos del Estado a cumplir con el Estatuto de Gernika, respetando su singularidad competencial y financiera, es muy anterior. Existen declaraciones anteriores a 1984 en las que el vicelehendakari de la época, Mario Fernández, se quejaba de la actitud cicatera del Estado y advertía que no estaba dispuesto a aceptar mercancía averiada (es decir, transferencias hechas con arreglo a las pautas marcadas por los estatutos posteriores a la LOAPA, que desconocían la especificidad de los estatutos anteriores). Prevengo, por otro lado, que el informe Zubia no es el documento de 1995. En esa fecha, Zubia ya no era consejero de Presidencia. El informe Zubia es el documento que estuvo en la base del acuerdo de 1993.
No es cierto que el informe de 1993 incluyese reclamaciones de transferencias planteadas al amparo del artículo 150.2 de la Constitución. Los informes posteriormente elaborados en Cataluña sí lo hicieron, pero el aprobado por el Parlamento vasco en 1993 se limitaba a definir el quantum de autonomía estatutaria pendiente de desarrollo. Sólo estatutario. Así se explica el hecho de que, durante su debate en la Cámara vasca, el portavoz del PP -Leopoldo Barreda- dijese que aun en el supuesto de que se culminase el desarrollo estatutario, el proceso de transferencias no concluiría jamás, porque siempre sería posible abrir la puerta a nuevos traspasos al amparo del artículo 150.2. ¡Quién le ha visto y quién le ve! Ahora, en el PP piden la derogación de este artículo de la Constitución.
Los desacuerdos que algunos califican de ‘económicos’, no son propiamente tales. Resultan del hecho de que el Estado no asume la singularidad financiera que supone el Concierto Económico, y desea llevar a cabo las transferencias en los mismos términos que a La Rioja, por poner un ejemplo cercano, haciendo abstracción del hecho de que aquí, en Euzkadi, la ley vigente, el Estatuto de Gernika, contempla un régimen financiero diferente y singular. Y no aceptar el Concierto entraña, por supuesto, consecuencias económicas, pero es, sobre todo, una decisión de carácter político. Nos comemos una parte importante del Estatuto.
En las competencias concurrentes, ¿qué problema hay para que existan transferencias? Si el Estado era el único que venía actuando en ese terreno, es lógico que se le exija, a partir de ahora, parte de los recursos que venía empleando en exclusiva en esas materias, ¿no? No lo digo yo. Ni los nacionalistas vascos. Lo decía el Parlamento vasco -PP y PSOE incluidos- y el Plan Guevara que Patxi López vendió públicamente como la hoja de ruta de los socialistas vascos en el ámbito del autogobierno vasco. El Estatuto de Gernika, guste o no, está incumplido. Consciente y deliberadamente incumplido. Y lo que es más. No existe la más mínima expectativa de que se vaya a cumplir alguna vez. En Prisiones, por ejemplo. O en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El Estatuto nunca se va a cumplir. A partir de ahí, el PSE puede pedir que los nacionalistas vascos nos resignemos como franciscanos y asumamos que la otra parte puede hacer con el Estatuto lo que le dé la gana -incumplirlo, erosionarlo con leyes básicas y orgánicas, disminuirlo con una calculada jurisprudencia de un tribunal constitucional elegido, parte en Ferraz y parte en Génova, sin ‘arrogarnos’ de manera unilateral ninguna atribución que no nos corresponde. Vale. Pero si nuestra vocación hubiese sido la de franciscanos, habríamos ingresado en un convento seráfico. Pero no lo hemos hecho. Somos nacionalistas vascos y para mayor incomodidad del PSE y PP sólo pedimos se cumpla una ley orgánica y la Constitución.

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