La ley de Consulta (2)

Artículo de Koldo San Sebastian.
El 25 de agosto de 1937, finalizaba la guerra civil en Euskadi. Las instituciones vascas salían hacia el exilio. Para muchos, comenzaban años de cárcel y represión. No pocos fueron fusilados, en su mayoría, tras una farsa de juicio. La acusación que justificaba estos asesinatos legales era casi siempre la misma: auxilio a la rebelión. Entre 1936 y 1946, unas quince mil ciudadanos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa (incluidos sacerdotes católicos) fueron ejecutados (con y sin juicios) en las retaguardias franquistas (en estas cifras no se contabilizan, claro, las víctimas de los bombardeos de la aviación sobre población civil ni los caídos en el frente). Casi cien mil ciudadanos sufrieron exilio o destierro, o ambas cosas.

La dictadura militar franquista y postfranquista (1936-1977), en Euzkadi, estuvo basada en cinco grandes pilares: el Ejército, las llamadas fuerzas del orden público (FOP), incluida la tenebrosa policía política; una base social que, más o menos, representaba al 30 por ciento de la población, con porcentajes más altos en Araba y Nafarroa (superando en ambos casos el 60 por ciento en ese periodo), la Iglesia Católica y la corrupción. Todo estaba relacionado. Los civiles estuvieron, primero, encuadrados en el Partido Único (Falange Española Tradicionalista y de las JONS) y, luego, en el Movimiento Nacional. Formaban una red de alcaldes, concejales, jueces, fiscales, notarios, funcionarios de todo tipo, maestros de escuela,…

La represión fue intensa y extensa. Durante cuarenta años, las libertades básicas (reunión, asociación, prensa, expresión, prensa,…) estuvieron proscritas. El régimen se incautó de medios de comunicación, de empresas familiares, de inmuebles, de obras de arte,… y, por supuesto de sedes de partidos y sindicatos y cualquier tipo de asociación considerada como “no afín” o “desafecta”. Pero, no solo eso.

Los “vencedores” abolieron el Concierto Económico para Bizkaia y Gipuzkoa, consideradas “provincias traidoras” (no se castigaba a los “traidores” de esas provincias, sino al territorio). Abolieron la autonomía y prohibieron la exhibición pública de la ikurriña o el término Euzkadi. Pero, los franquistas dedicaron un especial esfuerzo al exterminio de la lengua (el euskera) y cultura vascas.

En su libro La memoria insumisa, Nicolás Sartorius y Javier Alfaya señalan: “Explicar la dictadura no exige necesariamente contar el papel que cada uno jugó en la misma, aunque eso sería un ejercicio francamente pedagógico e ilustrativo. Ahora bien, se pueden y se deben explicitar las responsabilidades. Por ejemplo, qué instituciones importantes de este país tuvieron un papel en la represión, sin necesidad de dar nombres de los represores, de los confidentes, de los colaboradores, etc. Porque la represión de las actividades antifranquistas no fue una labor exclusiva de las fuerzas de orden público. La participación en esta tarea fue amplísima y participaron en ella estamentos enteros de la sociedad y personas que desde la óptica actual nos parecerían inimaginables. Si con los archivos policíacos hubiese ocurrido en España lo sucedido con los de la Stasi en la Alemania democrática o con los de la PIDE en Portugal, se producirían muchas sorpresas”. Es cierto que el franquismo se ocupó de borra huellas destruyendo no pocos archivos, pero el PSOE se sigue negando a desclasificar los que se han salvado y están en instituciones del Estado.

Da la sensación de que amplios sectores del franquismo pensaban que el régimen, efectivamente, duraría eternamente. Eran felices en aquella mezcla hortera de comedia y tragedia (tan tan bien retrató Luis Carandell en libros como Celtiberia Show o Democracia pero orgánica). Y, por ello, muchos de ellos no dudaron en implicarse (por acción o compresión), ya no en las instituciones del régimen, sino, además, en algunos de los actos más sangrientos y repugnantes del tardofranquismo: desde el juicio de Burgos o los estados de excepción y fusilamientos de 1975 a la matanza de obreros en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976. No hay que olvidar que gentes como Marcelino Oreja o Alfredo Marco Tabar (el mismo que hoy encabeza la campaña “a favor de la enseñanza del castellano”) fueron prohombres del franquismo (jerarcas del sindicato vertical, consejeros del movimiento, procuradores a Cortes, alcaldes).

Manuel Fraga, el ministro de Gobernación en los días de la matanza de Vitoria, declarase en a El Universal de Caracas el 12 de diciembre de 1976 que “antes de permitir exhibir esa bandera (la ikurriña), pasarán sobre mi cadáver”.

Aún no había acabado aquel año, cuando Manuel Fraga Iribarne, junto a cinco ex ministros de Franco y el presidente de la Hermandad Nacional de Combatientes de la Cruzada, fundaba el Partido Popular (llamado entonces Alianza Popular). Lo hizo en base a una ley de asociaciones que seguía proscribiendo a los partidos políticos democráticos.

Mientras tanto, Adolfo Suárez, el ministro-secretario general del Movimiento, considerado como “aperturista”, había sustituido a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno y se preparaba para organizar una transición hacia un régimen democrático. Sucedió que, por otro lado, Suárez no tenía partido, así que con la cobertura de un grupo de personalidades franquistas (que iban a acercándose a posturas democráticas), algunos pequeños partidos y coaliciones y, sobre todo, con el apoyo de los gobernadores civiles y la estructura del Movimiento (jefes locales, alcaldes, concejales,…) se montó la Unión de Centro Democrático (UCD).

La UCD, que, como luego se ha sabido (ver Gregorio Morán, Historia de una ambición), utilizó fondos públicos para su campaña electoral, ganó las primeras elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977. Solo Fuerza Nueva (liderada por Blas Piñar) se presentó como franquista. Es entonces cuando tanto el PP (AP) como la UCD comienzan su homologación democrática. Esto dio lugar a diferentes reacciones de franquistas irreductibles como el escritor Fernando Vizcaíno Casas publicase libros como De camisa vieja a chaqueta nueva (los “camisas viejas” eran los falangistas de primera hora) o Al tercer año, resucitó (contaba la reacción de los antiguos franquistas al enterarse que Franco había resucitado).

Una respuesta a “La ley de Consulta (2)

  1. Don JOSE ANTONIO ZARZALEJOS ALTARES…..¿Director general de Seguridad Adjunto el 3 de marzo de 1976?
    Don JOSE ANTONIO ZARZALEJOS ALTARES…….¿Gobernador Civil de Vizcaya pre- legalización de la ikurriña?

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